Problemas de la organización del futuro Estado democrático de España

En la línea seguida por nuestro Partido de estudiar lo más amplia y profundamente posible los grandes problemas del presente y del futuro de España, recientemente ha tenido lugar un coloquio en el que se han abordado las múltiples y variadas cuestiones comprendidas en este enunciado, coloquio en el que participaron alrededor de cuarenta militantes responsables del Partido.

El intercambio de opiniones fue tan amplio por el número de sus participantes y tan rico en ideas, en planteamientos teóricos, que su publicación íntegra constituiría un voluminoso libro.

Partiendo de la situación actual, real, de descomposición de las formas fascistas de Poder, los asistentes al coloquio expusieron sus opiniones, sus concepciones y sus ideas sobre cómo deberá ser la futura democracia española. Y lo hicieron no tomando como base esquemas ya conocidos, sino rigiéndose por la teoría marxista-leninista en su proyección a la España de nuestros días y a la de un futuro no lejano, es decir, a la democracia que irremediablemente debe acabar primero con el régimen franquista y después seguir su curso hacia el socialismo, con los altibajos que inevitablemente tendrá la lucha.

Para nosotros resulta difícil –por no decir imposible– resumir en un reducido espacio todo lo dicho en torno a todos los problemas. Por ello nos limitaremos a dar una idea de lo tratado en el coloquio recogiendo algunas de las cuestiones que consideramos fundamentales:

1. Las formas políticas del Estado, los órganos estatales y el papel de las masas;
2. Autonomía nacional, regional, provincial y municipal;
3. La pluralidad de partidos en el período democrático y en la construcción del socialismo.

Por cuanto lo tratado bajo este enunciado de «Problemas de la organización del futuro Estado democrático de España» interesa a todos los comunistas y otros demócratas, pensamos que nuestros lectores también pueden hacerse participes del intercambio de opiniones enviándonos sus sugestiones, sus críticas, sus opiniones sobre lo que se ha dicho o no se ha dicho en el coloquio. En otro momento, en «Nuestra Bandera» sacaremos las conclusiones de esta discusión.

Ahora cedemos la palabra a los camaradas que han participado en ella. [12]

El primero en hacer uso de la palabra es el camarada S. Carrillo, quien expone muy sucintamente la finalidad del coloquio: «proporcionar al Partido una serie de materiales de discusión, de estudio, de examen para atraer su atención sobre temas que en este momento adquieren gran importancia en relación con el futuro de nuestro país.»

Los problemas de la forma del Estado, de las instituciones, de las relaciones entre el Gobierno y los individuos, de las organizaciones intermedias –dice el camarada S. Carrillo– son hoy objeto de una gran atención en España. De hecho existe una discusión en la prensa, en las revistas, en los libros. Discusión que, naturalmente, no se produciría si no existiera la conciencia de que el Estado fascista está en descomposición, de que hay que ir a nuevas formas del Estado. Esta conciencia ha calado incluso en muchos de los partidarios del régimen, mas la falta de libertad en España impide que esta discusión alcance la amplitud y el desarrollo merecidos.

Hasta ahora, las opiniones que se exponen encajan en la línea del continuismo cerrado o en la del neofranquismo, que en definitiva también es una forma de continuismo. Más allá de estos puntos de vista nadie tiene la posibilidad de expresar libremente ideas de conjunto, concepciones generales, completas, en revistas o en publicaciones legales. De todas maneras, algunas opiniones de detalle, algunos juicios parciales sobre estos problemas, han aparecido en ciertas publicaciones legales. Y hay que decir que esas opiniones de tipo parcial, aparecidas en la prensa legal, en realidad reflejan más que la problemática actual española, la influencia de las teorías y de las posiciones neocapitalistas sobre algunos intelectuales españoles.

«Los mantenedores del concepto continuista de la organización del Estado reducen de hecho todas sus aspiraciones a abrir un poco más las actuales estructuras en el sentido de conferirlas mayor representatividad, de vitalizarlas, de que las manifestaciones más moderadas del descontento y de la oposición encuentren una cierta expresión en su seno. También en el sentido de ciertos cambios menores en cuanto a la ley de prensa y de asociaciones, al funcionamiento de las Cortes de Procuradores, a la representatividad de los sindicatos. Surge en estas posiciones la idea de separar la jefatura del Estado de la jefatura del Gobierno y se deja entrever la posibilidad de ciertas formas vagas de agrupamiento y de acción de las tendencias políticas de derecha que permitan organizar de algún modo un turno, una rotación en el Gobierno, a fin de darle un semblante liberal.»

«En cuanto a las ideas del neofranquismo me parece que quien ha ido más allá en su teorización y en la exposición sistemática de ellas es Javier de Bedoya con su libro «Los problemas de una constitución. Futuro de una política democrática española». En realidad, todo el plan de Bedoya para democratizar España se contiene en pocas palabras. Por ejemplo, Bedoya convierte en árbitro de la evolución de las actuales instituciones hacia esas instituciones democráticas al jefe del Estado, al jefe del Estado Mayor del Ejército y a nueve altos funcionarios gubernamentales con los que propone sea formado lo que él llama Tribunal de Garantías Constitucionales, al que asigna la tarea de democratizar España. Es decir, a ese Tribunal de Garantías Constitucionales se harían las demandas de autorización para constituir partidos políticos y ese Tribunal aprobaría o rechazaría las demandas que se le presentaran. Además, en relación con los partidos autorizados, ese Tribunal controlaría la elección de los comités centrales de los mismos. Es decir, que todo el procedimiento electoral interno de esos partidos estaría bajo el control de dicho Tribunal de Garantías Constitucionales, presidido por el Jefe del Estado y vicepresidido por el jefe del Estado Mayor del Ejército, por el presidente del Tribunal Supremo y por otros altos funcionarios.

Los partidos tendrían que ser heterogéneos socialmente no sólo en su composición por abajo, sino que los comités y cuerpo de funcionarios de cada partido deberían reflejar esa [13] heterogeneidad. Es decir, entre los funcionarios y los dirigentes habría necesariamente burgueses, obreros, &c., en todos los partidos. Se prohibiría la existencia de partidos políticos clasistas, «racistas» o de «intereses». Clasistas, ya está claro, somos nosotros; y más o menos los socialistas; «racistas», también está claro, son los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos; de «intereses», también se desprende que se trata de los opuestos al capital monopolista.»

«Por su parte, el profesor Aranguren ha hecho comentarios sobre la institución parlamentaria, indicando concretamente que una modificación de su estructura y una limitación de sus funciones para que no obstaculicen la efectividad de la función del gobierno parecen ser requerimientos urgentes de nuestro tiempo. De hecho, Aranguren limita las funciones parlamentarias a un «órgano de diálogo crítico con el Poder, de demanda de información sobre cuestiones de gobierno» y, en definitiva, «de educación política». Su conclusión es que el parlamentarismo o régimen político de supremacía del parlamento ha tocado a su fin.

Me parece que la tendencia a vaciar de soberanía, de poder, el parlamento tiene un fondo antidemocrático innegable; que esas teorías corresponden a las concepciones del moderno capitalismo monopolista de Estado. Yo creo que es un error y una posición reaccionaria ligar la idea de la eficacia gubernamental, de la estabilidad de un poder ejecutivo activo, fuerte, a la negación de la soberanía nacional representada por los elegidos directos del pueblo. Porque el dilema planteado en este debate hoy en la Europa occidental –y por consiguiente, de uno u otro modo, en España– es: o la democracia, la soberanía nacional pone fin al Poder de los monopolios, o el sistema monopolista de Estado termina por unas u otras vías con la democracia y con la soberanía nacional.»

«Por eso me parece –sigue diciendo el camarada S. Carrillo– que renunciar al sistema parlamentario –entendiéndolo en el sentido de que el Parlamento elegido por sufragio universal es el órgano de la soberanía popular– equivale de hecho a la renuncia de la soberanía nacional y a permitir que sea enajenada y sustituida por la dictadura más o menos abierta del capital monopolista. De aquí que hoy los problemas de la organización de un Estado democrático radican no sólo en el establecimiento de las reglas de la democracia política, como sucedía con el viejo parlamentarismo, sino en el esclarecimiento y planteamiento de las reglas de la democracia económica, sobre la cual debe apoyarse este nuevo parlamentarismo. Sin democracia económica la democracia política estaría coja y amenazada.»

«Mi opinión es que nosotros debemos defender la concepción de un parlamentarismo renovado, de un parlamentarismo que supere la contradicción soberanía nacional-capitalismo monopolista de Estado y que, al superar esa contradicción, resuelva también consecuentemente los problemas de la inestabilidad parlamentaria y gubernamental, propia de esa contradicción en las actuales sociedades europeas.»

«En relación con esto hay que decir también que no basta y que no puede satisfacernos la idea de un gobierno democrático estable, de un gobierno capaz de acometer y resolver los problemas; que hace falta que ese gobierno esté armonizado con un sistema que abra efectivamente la vía a la iniciativa de las masas populares; un gobierno que, sin disolver ni disgregar el Poder, deje en manos del pueblo la libertad de decisión; que ese Poder estable esté contrapesado por un sistema de controles y de autonomías que garanticen los intereses del pueblo e impidan una centralización burocrática del Poder.»

«Y ahí se plantea para nosotros el problema de cómo ligar, cómo encajar el movimiento de las comisiones obreras y el de los campesinos, profesionales y capas medias que en la perspectiva logremos, el movimiento de comisiones populares elegidas directamente por el pueblo, cómo encajar ese elemento de democracia original y nuevo que en las condiciones históricas presentes puede alcanzar un gran desarrollo en [14] todo el sistema institucional democrático del país.»

«También se plantea la cuestión de cómo asegurar la libertad a los grupos no monopolistas de la burguesía, cómo darles durante la fase de eso que pudiéramos llamar la democracia antifeudal, antimonopolista, una participación efectiva en el Poder, que no es sólo tener ministros, es tener también la posibilidad de ejercer una influencia y una presión concreta, institucionalizada.»

«Es claro, que en este cuadro de los problemas de la perspectiva de la democracia en nuestro país teníamos que plantearnos el problema de la Iglesia, de las relaciones del Estado con la Iglesia, aunque ésta no sea una institución del Estado, pero es una realidad social, política, moral en España, es un poder.»

Después de esta breve introducción, los participantes en el coloquio exponen su opinión sobre

 
Las formas políticas del Estado, los órganos estatales y el papel de las masas

El camarada Luis dice que estos problemas de los cambios y de cómo hacerse están en debate y hace falta que el Partido opine.

«En la Declaración de Junio se plantea: no podemos estar de acuerdo ni con los diversos sistemas de continuidad a lo que hay hoy, ni con volver al 31. Al Partido hay que proponerle un debate y al pueblo un régimen de acuerdo con las necesidades modernas, con los cambios tal y como está la vida en España y en el mundo. A mí me parece que en ese orden de cosas nosotros debemos poner el acento en la elección de un Parlamento lo más democrático posible, basado en el sistema proporcional que en los regímenes capitalistas ha aparecido como lo más representativo de las expresiones y de las ideas que en el pueblo existen.

La primera cuestión, dentro del cuadro de la eliminación, limitación y destrucción del capitalismo monopolista, es lograr con el apoyo de las masas que en España haya un Parlamento que refleje las corrientes políticas del país y donde estas fuerzas antimonopolistas tengan su debida expresión.»

«La base de la estabilidad de un gobierno está en el apoyo del pueblo, en la satisfacción de sus deseos, de sus aspiraciones. Eso es la garantía, la condición sine qua non para que un gobierno sea estable.»

«A mí me parece –sigue diciendo el camarada Luis– que hay una fuente preciosa, dentro del marco del centralismo, claro está, de una dirección eficaz y estable de toda la nación, en la concesión de grandes atribuciones a los municipios, a los órganos representativos elegidos democráticamente de pueblos y ciudades. Si en España el resurgimiento democrático va a ser solamente a base de un gobierno, por eficaz que éste sea, y un Parlamento, por muy democráticas que sean las leyes que apruebe, si luego no hay organismos estatales democráticos, profundamente democráticos, en escala provincial y local que contribuyan a ese resurgimiento, entonces tropezaremos con muchísimas más dificultades.»

«Teniendo en cuenta el carácter multinacional de nuestro país, una vez concedidas las libertades democráticas, una vez logrados sus Estatutos lo más profundamente progresivos que ellos sean, la convivencia en un Estado de varias nacionalidades debería hacernos pensar si no conviene en el marco estatal y dentro de ese carácter democrático crear organismos o un organismo [15] que regule las funciones de tipo jurídico, de intercambios, de ayuda, que arregle problemas que indudablemente van a existir. Yo me pregunto: ¿No será necesario investigar si nos conviene para esos Estatutos, dentro de la unidad libremente consentida de todas las nacionalidades en un solo Estado, crear un organismo que regule las relaciones, que evite, que elimine los roces, que asegure la ayuda recíproca entre las nacionalidades? El propio funcionamiento de tal organismo contribuiría a fortalecer los lazos unitarios entre las diversas nacionalidades. Todo, claro está, en el marco de la lucha contra el capital monopolista y por el avance de la democracia.»

«Examinando desde el punto de vista del contenido de la democracia –dice el camarada Antonio Mije– a mí me parece que el Partido ha hecho un esfuerzo muy serio. Ha dado a conocer su programa con mucha claridad y, en la medida de lo posible, ampliamente, para que los españoles conozcan qué contenido piensa el Partido Comunista que debe tener la democracia española. Y ahora ya no se trata sólo del contenido, sino también de las formas políticas del régimen, de los poderes del Estado. De estas cuestiones ya hemos comenzado a hablar, pero la propia situación y las necesidades del Partido exigen opinar lo más concreta y positivamente posible, de acuerdo con lo que es la línea revolucionaria del Partido.»

«Yo pienso que sobre esta cuestión de las formas políticas del Estado, del régimen y de los poderes estatales, el Partido, consecuente con todos los planteamientos que viene haciendo, ha dado en el documento que ha salido hace poco tiempo un paso que es nuestra definición sobre estas formas políticas del régimen al decir: ninguna forma de continuismo ni vuelta a la legalidad anterior. Desde este punto de vista yo he llegado a una conclusión muy personal que la voy a exponer aquí. Es la siguiente: en la situación actual debemos luchar por un Estado democrático, que yo califico de nuevo tipo, porque sin ser un Estado de democracia popular en esta etapa, en esta situación concreta, tampoco es un Estado democrático del tipo tradicional como el que conocemos en los países capitalistas del occidente europeo. Un planteamiento de este tipo –dice el camarada Antonio– encaja, a mi juicio, en lo que es nuestra línea política fundamental actualmente y responde a las necesidades de España. Un Estado democrático que ha de tener como finalidad limitar, disminuir y cortar hasta donde la propia situación lo vaya permitiendo, la presión del capital monopolista, los intentos y afanes de dominación estatal por el capital monopolista. Es decir, un Estado que por su raíz popular sea un instrumento que tenga, entre otras cosas, la misión de poner freno e impedir que el capital monopolista lo coloque a su servicio.»

«En la democracia burguesa, en los Estados dominados por la burguesía es tradicional hablar de la separación de poderes, es decir, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Pero en la práctica hemos llegado a una experiencia nacional e internacional en los países capitalistas: que tanto el poder ejecutivo como el legislativo y el judicial están sometidos de hecho a los intereses del capital monopolista. Yo pienso que lo esencial del tipo de democracia por la que luchamos debe residir, sobre todo, en el apoyo y la autoridad popular. Y en ese orden de cosas, ese apoyo y esa autoridad popular deben estar manifestados de una forma clara y muy expresiva en el Parlamento. En las condiciones actuales y, posiblemente, en una etapa posterior, el principal, el decisivo, debe ser el sistema parlamentario. En segundo lugar, en las condiciones actuales y en una etapa posterior, yo no veo la necesidad más que de una sola cámara en España. Yo me he preguntado: ¿Es que debe existir una cámara de las nacionalidades? Considero que en este período, pese a que España es un país multinacional, lo inmediato, lo fundamental es una cámara única en la que participen, [16] lógicamente, también los diputados de las nacionalidades. Desde ese punto de vista yo no espero que en España se produzca una separación de Cataluña o de Euzkadi o de Galicia del Estado español. Yo no veo en las condiciones de una democracia auténtica y avanzada en España la necesidad de un senado.»

«Me he planteado también la cuestión relativa al Consejo Económico y Social como un órgano de Estado. Pensándolo, me he dicho: tal vez un órgano de este género podría tener una misión de planificación, sin que entre sus atribuciones y misiones se pudiera producir ninguna merma de la facultad y de la autoridad del parlamento.»

«Desde el punto de vista de los poderes del Estado, también había pensado en la experiencia republicana relacionada con la creación del célebre Tribunal de Garantías Constitucionales. No considero que debemos propugnar la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales. Estimo que el mejor guardador de la Constitución que se apruebe –no sólo el guardador, sino el que debe hacerla respetar– es el Parlamento.»

El camarada M. Azcárate comienza diciendo que la idea esencial que debe guiarnos al abordar este problema tan complicado es la necesidad de luchar por mermar, por limitar el poder de los grandes monopolios, que no sólo tienen un poder económico, sino que el Estado existente hoy en España es su Estado; sus hombres, sus influencias, todo el aparato estatal está impregnado de la influencia, de la dominación de los monopolios.

«A mí me parece que lo esencial en toda esta cuestión es que hagamos una aplicación completa, por así decir, en todos los terrenos de lo que es la democracia, que utilicemos al máximo, que veamos como la fuerza capaz de acabar con ese poder de los monopolios y de crear el nuevo Estado, la fuerza decisiva, la fuerza del pueblo, la fuerza de las masas y, por lo tanto, la fuerza de la democracia... Que en nuestro trabajo político de educación de las masas demos al contenido de la palabra democracia su verdadero sentido y no limitemos la idea de democracia a la idea del parlamento, de diputados, sino que veamos como la bandera, la plataforma en todas estas cuestiones del Estado y en la política del Partido, la idea de la democracia en su sentido profundo que es la participación, la intervención y la decisión de las masas en todas las cuestiones.»

«Creo que en ese orden, las condiciones en España van a ser muy favorables. En nuestro país la gente está harta de «estabilidad gubernamental», precisamente una «estabilidad» basada en la supresión de la democracia; va a haber un torrente espontáneo de apoyo a la democracia del cual nosotros debemos ser la vanguardia. En ese torrente, en esa corriente impetuosa, hay un aspecto peligroso, hay un aspecto que llevado al extremo es negativo: la supervaloración de la democracia formal. Y ahí está precisamente para nosotros el saber aprovechar esa corriente favorable a la democracia para combinar la realización máxima de la democracia formal y darla el máximo de contenido verdaderamente democrático.

Yo creo que en este orden una de las cosas que aparece ya clarísima en cuanto al proceso de descomposición del régimen franquista, es cómo, al mismo tiempo que la descomposición del régimen, de su Estado y su aparato estatal, o por lo menos su debilidad y su impotencia, los fenómenos de carencia de poder están surgiendo, las masas están creando ya sus propios órganos democráticos, por lo menos en las zonas donde la fuerza de la lucha de las masas llega a un cierto nivel. Así están surgiendo embriones de poder. Embriones en los cuales las masas –concretamente el ejemplo decisivo son las comisiones obreras– crean ya un órgano que se incrusta en cierto modo en la vida social y es ya una forma directa, democrática, un inicio de forma de un poder de las masas y de la clase obrera.» [17]

«Me parece que desde el punto de vista, por así decir, de una doctrina plenamente democrática, Poder sólo hay uno : el del pueblo, del cual deben emanar los demás poderes. A mí me parece que la mejor forma de plasmar eso es existiendo un Parlamento, asamblea o como se llame, elegido democráticamente. Creo que el método para elegirle es la representación proporcional a fin de que sea la expresión de la soberanía popular. En general, debíamos apoyar la idea de un gobierno, de un poder ejecutivo que emane del parlamento y que esté sometido a éste. Lo mismo en cuanto a la elección del presidente o de la presidencia colectiva. A mí me parece esencial que el presidente o la presidencia o la jefatura del Estado sea elegido por la asamblea que representa la soberanía popular.»

«El problema del poder judicial. Una justicia tiene que ser la expresión de la voluntad popular, pero evidentemente hay un problema real: garantizar la independencia del poder judicial respecto al poder ejecutivo. Yo veo en el poder judicial, aparte de otras cosas, dos aspectos. Uno es, evidentemente, técnico –dictar justicia implica una técnica– en cierto grado. Por tanto está el problema de una «profesionalización» del que dicta la justicia. Creo que una parte del aparato judicial tiene que tener un aspecto profesional. Junto con eso pienso que los tribunales sean también la emanación del pueblo. Yo creo que habría que ver la forma de combinar ese aspecto profesional con un aspecto electivo de los tribunales y de los jueces.»

«Hay otra cuestión que me parece importantísima. Yo pienso si en lo que se refiere a los problemas de la planificación económica, del control de los sectores estatales y otros no sería necesario plantear la creación de una Cámara o Consejo, es decir un organismo representativo en el cual estuviesen comprendidas, por un lado, la clase obrera, creadora de todos los bienes de la nación, y, junto a ella, las otras clases. Esto, claro está, sin menoscabo de la autoridad del Parlamento, al que correspondería la solución de todos los problemas políticos generales. Desde el punto de vista de la representación de la clase obrera creo que sería extraordinariamente positivo el poder institucionalizar algo así como una Asamblea Nacional de Comisiones Obreras, que fuese la expresión efectiva del papel de la clase obrera. En tal organismo podrían integrarse otras capas de la sociedad.»

«Respecto a la forma política de gobierno –dice el camarada S. Álvarez–, entendiendo por forma la República o la Monarquía, o una de las expresiones del contenido de esta formulación, pienso que nosotros, al pronunciarnos por la república democrática, hemos hecho un pronunciamiento que es justo, que corresponde a la época presente, a la vez que es justo indicar nuestro respeto a la decisión y a la voluntad de la nación. En esta república democrática los poderes del Estado deben residir fundamentalmente en un Parlamento elegido libre y democráticamente por medio del sufragio universal, directo y secreto. Este Parlamento reflejará el cambio en la correlación de las fuerzas de clase, la influencia que cada corriente política, cada partido, tenga en el país; en su composición se ha de reflejar no sólo el volumen y el peso de la clase obrera, mucho mayor que el de hace 25 años, sino también los cambios que van operándose en su conciencia, cambios en el sentido positivo, democrático y revolucionario. Nosotros no debemos tener ningún temor a que precisamente sea a través de ese Parlamento, elegido en elecciones directas, libres, como se refleje esa nueva correlación de fuerzas. En definitiva, ese Parlamento actuará, funcionará y legislará en virtud de esa propia correlación de fuerzas.»

«El nuevo Estado democrático en España tendrá elementos clásicos de la república parlamentaria democrática, pero habrá también elementos nuevos. Será un Estado en función del carácter mismo de nuestra revolución, [18] que ha dejado de ser simplemente democrático-burguesa para ser una revolución democrática, antifeudal, antimonopolista. Pienso que la cuestión está en cómo insertar en lo que llamamos clásico todo lo nuevo que surge, lo que es producto del carácter de nuestra revolución. De una manera muy concreta me refiero al nuevo movimiento obrero en desarrollo y al esfuerzo de nuestro Partido por extender la experiencia de éste entre los campesinos, los estudiantes y las masas populares.»

«Esta forma en que surgen ahora las Comisiones Obreras es un hecho nuevo. En otros países no hemos visto esos fenómenos en momentos que ha habido lucha, que ha habido resistencia. Esto me lleva a pensar que quizá esta idea de crear una Cámara de representantes sociales o un organismo en el que estas Comisiones Obreras tuviesen una participación directa como representantes de la clase más homogénea, más numerosa en tanto que clase, más dinámica de la sociedad, sería una cuestión muy importante. Una cámara de este tipo podía ser, en cierto sentido, un órgano que tuviese como misión básica contribuir a la elaboración de las leyes. Pudiera asignársele un determinado derecho de veto. En todo caso está claro que donde sería muy importante este tipo de intervención de las Comisiones que hoy son obreras, pero que mañana pueden ser campesinas, pueden ser Comisiones Populares, es en toda la vida económica del país. Es evidente que si, por ejemplo, existiera un Consejo de la economía nacional, nosotros debemos luchar por que la clase obrera tenga una representación allí. Si existe un tipo de planificación, de plan de desarrollo, la clase obrera puede dar su opinión, puede influir y puede, en definitiva, defender los intereses fundamentales propios y de las masas populares y limitar el poder de los monopolios.»

«En relación con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial pienso que una actitud democrática, lógica, es que si existe un poder legislativo verdadero representante del pueblo, el poder ejecutivo debe estar sometido a ese poder legislativo. Desde el punto de vista de la democracia es mucho más peligroso un poder ejecutivo independiente del poder legislativo. Creo que debemos defender el criterio de sometimiento del poder ejecutivo al poder legislativo.»

«Pienso también que la elección de algunos órganos del poder judicial sería una posición que realmente ayudaría a la democracia; es una forma de participación de las masas en la decisión respecto a la justicia.»

«Brevemente sobre la elección de la presidencia del Estado. Durante la República el presidente se eligió por medio de compromisarios, previas elecciones secretas de los mismos. Estos, junto con un número equivalente de diputados, elegían al Presidente de la República. Creo que este método tenía bastante de democrático.»

«Naturalmente que una de las formas políticas del régimen democrático es el Parlamento –dice el camarada M. Delicado–. Pero hay que tener en cuenta el contenido de este término democrático. Hoy, el Parlamento democrático, en mi opinión, tiene que ser muy distinto a los parlamentos que hemos conocido. Nuestra República, la República del 31, se llamaba «República de trabajadores de todas clases». Sin embargo en el Parlamento las fuerzas del trabajo –los obreros, los campesinos, los otros sectores que trabajan– no estaban, ni mucho menos, representadas en la medida y en la importancia que correspondía. Yo quiero aclarar, en este sentido, que el hecho de que se hayan producido cambios fundamentales en la correlación de las fuerzas de clases no quiere decir, en mi opinión, que ese hecho en sí mismo pueda determinar automáticamente una mayor participación en los órganos de poder del Estado. Ese fenómeno se ha producido en toda una serie de otros países y, sin embargo, las fuerzas de la clase obrera, las fuerzas del trabajo, no están representadas en esos órganos del Estado. Nosotros [19] podemos y debemos plantear esto desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de lo que debe ser la representación de la clase obrera en las formas políticas del régimen, pero también desde el punto de vista objetivo, teniendo en cuenta la salida próxima de la crisis política y de acuerdo con el Partido, con la influencia de las masas de nuestro Partido, con las posibilidades reales existentes para que esas instituciones nuevas, democráticas, puedan tener un contenido superior al participar en ellas las fuerzas obreras y del trabajo.»

«La clase obrera –esto es claro para nosotros– es el porvenir, pero se trata de que en nuestra línea, en nuestra política, en la lucha por esto que queremos, por este tipo de instituciones democráticas, participen, se sumen, luchen con nosotros otros sectores que también están, de una u otra manera, explotados por la oligarquía, por los monopolios. Lo cierto es que la burguesía no monopolista es muy numerosa y que nosotros necesitamos tener una política que la comprenda, que nos permita poder ir juntos hacia la conquista de un estado político, de unas instituciones políticas representativas donde esos sectores puedan desempeñar un papel y juntos hagamos frente a las fuerzas monopolistas.»

«Independientemente de que se pueda constituir una Cámara popular en la que de una u otra manera la clase obrera pueda tener una representación superior, hay que ver, me parece a mí, el papel que las comisiones obreras están llamadas a desempeñar en otros órganos de la vida nacional, que son enormemente importantes. Por ejemplo, los municipios. Está claro para nosotros que en un cambio político, en una crisis, en una convulsión de orden político, si hemos podido conseguir un movimiento de comisiones obreras bien fortalecido, capaz, estas comisiones obreras tomarían inmediatamente en sus manos la dirección de los sindicatos. Pero hay otras cuestiones, otros problemas. En el régimen franquista son todas sus instituciones las que entran en crisis: los municipios, las diputaciones...»

«Es interesante que nosotros examinemos estos trabajos de proyectos institucionales con vistas al futuro –comienza diciendo el camarada Jesús Izcaray– confeccionados por determinados escritores y políticos burgueses reaccionarios, alguno de ellos fascista. Te dan la sensación de peces girando dentro de una pecera. Lo que ellos quieren es buscar una salida, la cuadratura del círculo, convencer a los españoles de que hay democracia sin darles democracia.

Yo creo que el estudio de Bedoya no es serio. Es una elucubración, un delirio. Algo más peligrosas son las posiciones de Emilio Romero, no por él, sino por lo que hay detrás de sus posiciones. Como sabéis, en su libro se dirige al futuro rey de España, aconsejándole lo que tiene que hacer para enmascararse, para dar apariencias de libertad y de democracia al país.

«La futura democracia española habrá de ser una democracia muy avanzada. La clase obrera, que en buena parte estará bajo nuestra influencia, tendrá en ella una fuerza considerable. De un lado exigirá un régimen capaz de realizar transformaciones profundas; de otro, será mucho menos susceptible que el año 31 a dejarse engañar, a dejarse sorprender por posiciones reformistas o de otra índole, vengan de un partido socialdemócrata o vengan de los católicos. Entre tantos argumentos que oponíamos a ese esquema libresco de Fernando Claudín, exponíamos el siguiente: que el proceso revolucionario de nuestro país había que verlo de una manera dialéctica; que las fuerzas que iban a intervenir en él no podíamos verlas contando aritméticamente las que están ya hoy en la lucha; que estas fuerzas se multiplicarán.»

«Para nosotros está claro que tenemos que estar contra toda forma de continuismo al estilo de los Franco, los [20] Fraga y los que no son Fraga. Lo principal para nosotros en esa democracia es un Parlamento nacido de la soberanía nacional, elegido por sufragio universal. Es cierto que para que un Parlamento sea capaz de realizar una obra verdaderamente democrática no basta con que haya una legalidad democrática en el país, con que haya una correlación de fuerzas a favor de la democracia. Depende también de otras cosas, fundamentalmente de la fuerza del movimiento de masas y de la clarividencia de los partidos que dirijan este movimiento de masas. Para nosotros es esencial la elección con arreglo al sistema proporcional. No creo pecar de soñador si digo que habrá un Parlamento en el cual la clase obrera tendrá un peso extraordinario. Y la clase obrera ya no estará dirigida por los Besteiro y compañía, sino, mayoritariamente, por nosotros.»

«Respecto a eso del Consejo Económico y Social yo me planteo lo siguiente: las Comisiones Obreras hoy son los sindicatos, empiezan a ser los sindicatos de los trabajadores frente al armatoste oficial y caduco. Mañana, en esa democracia de que hablamos, habrá sindicatos. Nosotros queremos que sólo haya una central sindical. Es decir, la función sindical de lucha por las reivindicaciones fundamentales que cumplen hoy las Comisiones Obreras serán cumplidas por esos sindicatos. Ahora, ¿esto quiere decir que desaparezcan las Comisiones Obreras? Tal vez, no. Por ejemplo, pueden desempeñar un papel democrático oficiando en cuanto a consejos de control obrero, es decir, en las empresas para cercenar el poder de los monopolios; pueden contribuir a ello en un Consejo Económico y Social o en una Cámara Económico-Social. Ese organismo estatal podría intervenir en la planificación, en las cuestiones sociales, en la distribución de la renta nacional, &c.

El camarada Pedro comienza diciendo:

«De lo que se trata es de buscar, de encontrar qué expresión orgánica va a tener el poder democrático en España y qué papel pueden desempeñar en él las Comisiones Obreras. Hasta aquí, el desarrollo de estas Comisiones marcha a tono con el esquema de organización vertical de los sindicatos. Es decir, tenemos la Comisión Obrera del Metal, del Transporte, del Textil, &c. Así y todo, esto es el movimiento de masas unitario de la clase obrera. Es verdad que ya hablamos de las Comisiones Obreras, Campesinas y de las Asambleas Libres de estudiantes. Pero ¿es que no está llegando el momento de encontrar el órgano coordinador, es decir, el órgano horizontal en escala local, provincial y, yo diría, en escala nacional que abarcase, que fuese la expresión de todo este movimiento nuevo, con todas sus peculiaridades, con toda su originalidad, pero que fuera el elemento coordinador que aglutinara a la clase obrera y en un momento determinado pudiera ser un verdadero órgano de poder? Por ejemplo, ¿es que en una ciudad no podría llegar a cuajar un órgano coordinador de la acción, del movimiento que englobara a todas esas Comisiones Obreras, Campesinas, Asambleas Libres, &c.? ¿Es que, quizás no sería eso más efectivo y estaría más directamente ligado a la realidad orgánica de todas estas fuerzas nuevas que, por ejemplo, estas ideas dadas aquí sobre la creación de un Consejo o Cámara Económico y Social?»

«Nosotros nos pronunciamos por la República democrática, subraya el camarada Vicente. Hay que decir que otras fuerzas que antes no tenían una posición clara respecto a la forma del Estado, empiezan a dar pasos en este sentido. Ello está motivado porque nos acercamos al fin del franquismo y a todos se nos plantea qué tipo de Estado, qué régimen nos vamos a dar en España.

El centro de esta República democrática debe ser el Parlamento elegido con arreglo al sistema proporcional. [21]

Creo que es interesante la creación de ese Consejo Económico que se ocupe de los problemas de la planificación, de la economía, del control y de otros que pudieran surgir. Este Consejo Económico debería estar constituido por los miembros del Parlamento, o sea, por los representantes de los obreros, de los campesinos y de la burguesía no monopolista en el Parlamento.»

El camarada Juan Gómez dice:

«A mí me parece, ateniéndonos a estos problemas de las formas políticas, que la soberanía nacional debe residir en el Parlamento elegido democráticamente con arreglo al sistema proporcional. Ahora bien, para mí también está claro que esto no es todo y que estas otras formas de democracia directa, esta participación, este planteamiento de los problemas ante el pueblo tiene una importancia enorme. De aquí que el problema de televisar los grandes debates del parlamento sería una de las condiciones de la democracia española. Y esto debemos exigirlo, plantearlo. A mi me parece que la forma más democrática es una sola cámara representativa, de soberanía completa, elegida por sufragio universal. El senado en sí es siempre una rémora en el desarrollo de la democracia. La cuestión de una cámara de nacionalidades a mí me parece que es un problema que está ligado a la estructura general del país y que si hay estructura general tendrá que haber alguna forma de asamblea federal. Porque los diputados representarán a las provincias con arreglo a su número, a los distritos, a los electores. Pero el problema de las nacionalidades es que cada una tenga una representación equivalente, en pie de igualdad con las demás nacionalidades.»

«La cuestión del Consejo Económico y Social. A mí me parece que es una de las formas donde esta democracia puede ejercerse de una manera directa. Ahora, yo creo que esto no debe oscurecer nuestra convicción de que la soberanía nacional reside en el Parlamento. La decisión fundamental debe seguir estando en el Parlamento. Ahora, el Consejo Económico y Social, que debe tener una representación directa de todos los sectores económicos del país –clase obrera, campesinos, burguesía no monopolista– debe intervenir de una manera decisiva en los problemas de la planificación y en toda una serie de problemas sociales: salarios, distribución de la renta, &c.»

«Yo creo –dice el camarada Daniel– que estamos todos de acuerdo en una cosa: en que se trata de no reproducir el pasado, de cambiar completamente las cosas, es decir, que nuestro Estado democrático tenga una base más dinámica, más operativa y más transformadora que ha tenido en otros tiempos, particularmente en el período del 31 al 36. A mí me parece también que uno de los cimientos indispensables de este Estado democrático es el Parlamento. Creo que el Parlamento debe tener un control sobre el poder ejecutivo. Es decir, que el gobierno debe gozar de una relativa independencia. De los tres poderes –legislativo, ejecutivo y judicial–, el fundamental debe ser el Parlamento. Yo no soy partidario de que se cree un senado, ni siquiera una cámara de nacionalidades en esta etapa.»

El camarada Gregorio López Raimundo dice:

«En el transcurso de la discusión he visto claramente que de lo que se trata es de cambiar ideas sobre cómo concebimos el Estado democrático y no la transición que pueda tener de aquí hasta la democracia. Creo que hay una serie de cuestiones por nosotros planteadas y repetidas que siguen siendo totalmente válidas. La primera es que las formas del futuro Estado deberían ser discutidas en unas Cortes [22] Constituyentes elegidas por sufragio universal, directo, sobre la base de la representación proporcional y en condiciones aceptadas por todos los partidos. La otra cuestión es que ese Estado debe ser la república democrática, basada principalmente en un Parlamento que sea el depositario de la soberanía nacional, que sea el que decida sobre el gobierno y que éste responda de sus actos ante el Parlamento. A mí me parece, igual que a otros camaradas, que el Parlamento debe ser el órgano fundamental, el órgano principal.»

«Ahora bien, yo también creo que el interés de los trabajadores y de nuestro Partido, el interés, en definitiva, de ese futuro Estado democrático, para defenderle, para triunfar sobre la oposición que le presentarán los monopolios y el capital monopolista, está en encontrar esas formas de democracia directa que completen, que aseguren la labor del Parlamento. En ese orden creo que no solamente podemos estar de acuerdo y tomar como válida la idea que se ha dado aquí de ese Consejo Económico y Social, con las funciones que se le han atribuido, sino que podríamos prever un sistema que iría más allá y tendría también otras ramificaciones. Por ejemplo, yo pienso que ese Consejo Económico y Social podía proponer al Parlamento no sólo los problemas de que se ha hablado aquí, sino que debería dar su opinión incluso sobre el presupuesto, sobre todas las cuestiones que se refieren a los problemas económicos. Me parece que, si a las comisiones obreras se les asigna en ese futuro Estado democrático –naturalmente yo creo que se les deberá asignar– funciones de control de la producción en las empresas, debe instituirse un sistema en el que también las comisiones campesinas tengan funciones equivalentes. Ahora mismo yo no veo que haya para las comisiones populares de barriada una forma de legalidad que las entronque con la gestión municipal de tal manera que ese sistema de comisiones obreras, campesinas, tenga una institucionalización que vaya más allá incluso del solo problema del Consejo Económico y Social.»

«Y eso había entendido yo en la formulación hecha por el camarada Carrillo sobre lo que pueden ser las Comisiones Obreras, las Comisiones Populares: en el futuro deberían ser una forma española de democracia popular directa, a través de la cual los trabajadores en las fábricas, en el campo, en los pueblos, en las barriadas, van a poder participar, aunque sólo sea como órganos consultivos, órganos de presión, no sólo sobre el Parlamento, sino también sobre los municipios y las diputaciones.

El camarada Carrillo centra su intervención en algunas cosas concretas.

«Primero –dice– quiero referirme al problema de las Comisiones y a su papel, a las Comisiones en el sentido más amplio. Es decir, no solamente como Comisiones Obreras, Comisiones Campesinas, mesas de las asambleas del movimiento estudiantil y direcciones de Facultad que también son formas de comisiones. Estas formas pueden extenderse a los profesores, pueden extenderse a los funcionarios, pueden extenderse a las capas medias, a los comerciantes, a los industriales medios. Es decir, que existe una posibilidad de que el sistema de las comisiones sea la forma que tome la organización del movimiento de oposición en el país como consecuencia de la ausencia de libertades, de la ausencia de partidos, de la ausencia de sindicatos, de la ausencia de iniciativa política por parte de los dirigentes burgueses, lo que obligue a las masas a tomar en su propia mano, con la ayuda y la orientación del Partido y de los elementos más activos, la cuestión de organizarse y unirse para acabar con la dictadura.»

«Es claro que nosotros estamos por la república democrática. En el futuro esa cuestión de la república democrática habrá que plantearla cada vez con más fuerza, aunque ello no significa que no nos sometamos al veredicto popular. Pero hay que decir que lo que España [23] necesita es la república democrática. Ahora ¿cómo debe ser esa república? ¿Debe ser una república federativa, una unión de repúblicas? Yo no estoy en absoluto convencido de que la organización del Estado español deba ser una organización de tipo federal. Yo veo más bien la república democrática como una república que reconoce a los pueblos, a las nacionalidades el derecho de autodeterminación y, sobre la base del acuerdo de las mismas, organiza el gobierno autónomo en esas nacionalidades y quizá en alguna región. Por consiguiente, no veo la necesidad de la cámara de las nacionalidades en España. Yo estoy de acuerdo con la idea expresada de diversas maneras y que todavía habrá que madurarla, de ese Consejo Económico y Social. E, incluso, en principio, no estoy en contra de que ese Consejo sea una segunda cámara económico-social, preservando siempre las facultades legislativas de la Cámara de Diputados. Y no estoy en contra por varias razones. Antes, el senado lo formaban los nobles, los representantes «esclarecidos» de la vieja sociedad, los banqueros. Ahora, en una república democrática, el «senado» podría estar formado por los representantes sociales. Lo que me parece importante en el momento en que se ahonde y se profundice en esta cuestión es con qué criterio y en qué proporción van a estar representadas en esa cámara o en ese consejo las distintas capas sociales. Y a mí me parece que no puede haber otro que el cuantitativo, es decir, el de la cantidad de hombres, de individuos, de personas que puedan incluirse en cada capa social.»

«A mí me parece que no hace falta el Tribunal de Garantías. Estoy de acuerdo con las ideas que se han dado sobre el poder legislativo como la fuente de todo poder, con la idea de la autonomía de la judicatura.»

 
Autonomía nacional, regional, provincial y municipal

El camarada S. Álvarez estima y fundamenta que la república democrática que establezcamos en España no debe ser una república federativa, no debe ser una república federal.

«Nosotros debemos estar en contra de ese federalismo –dice– porque pienso que tanto la tendencia progresiva histórica de la centralización de la economía nacional como toda la situación política impiden que lleguemos a lo que en cierta forma sería retrotraernos a una etapa que se ha ido poco a poco tratando de superar o se ha superado. Creo que en esta etapa del movimiento democrático y de la república de que hablamos, nuestra actitud de no plantear el problema de la república federal es una actitud más progresista, más avanzada, más revolucionaria. Planteándonos, sin embargo, de acuerdo con la voluntad de los pueblos de Cataluña, Euzkadi y Galicia, el problema de conceder amplias autonomías a estas nacionalidades. Creo que una cuestión importante sería el reconocimiento de la pluralidad nacional del Estado democrático español.»

«Un principio permanente nuestro es la defensa del derecho de autodeterminación como línea fundamental en lo que se refiere a nuestra posición en la cuestión nacional –dice el camarada Gregorio López Raimundo.

Pero la cuestión nacional nosotros la vemos siempre supeditada a un interés más general, superior, ligada a la lucha por la democracia, a la lucha por el socialismo. A mí me parece que el derecho de autodeterminación de los pueblos de Cataluña, Euzkadi y Galicia es inseparable, diríamos, de nuestra concepción general de la democracia, [24] de esta misma idea de que el pueblo debe decidir lo más posible en relación con todas las cuestiones. Es decir, me parece que ninguna restricción por nuestra parte de este concepto se justifica, ni se justificaría, ni tiene razón de ser porque precisamente el interés de la lucha por la democracia y por el socialismo aconseja la comunidad. Quiere decirse que el mantenimiento de la comunidad, en definitiva, es un interés auténtico no sólo de la clase obrera, sino de lo que entendemos por pueblo, de las otras capas de Cataluña, Euzkadi y Galicia. Es decir, desde todos los puntos de vista, el mantenimiento de la comunidad estatal de los pueblos de España, va en interés de la clase obrera y de las diversas capas de las nacionalidades. Creo que es justa la fórmula que hemos dado otras veces de unidad de los diversos pueblos de España en los marcos de un Estado multinacional. A mí me parece que no es casual que no hayamos empleado la fórmula federal o federación. A mi juicio, la fórmula «Estado multinacional» no equivale a federación; equivale al reconocimiento de la personalidad nacional de Cataluña, Euzkadi y Galicia por la Constitución del nuevo Estado democrático.»

El camarada Vicente cree que, debido a todo el desarrollo histórico de España, carece de sentido la cuestión de formar una república federal.

«Sin embargo –continúa–, el que exista un régimen autonómico, el dar autonomía a Cataluña, Galicia y Euzkadi, eso debe estar en nuestras posiciones. A mí me parece que en ese Estado democrático de que hablamos, cada una de estas tres nacionalidades debía de tener un gobierno autónomo y en un gobierno democrático como del que aquí hablamos, debía de haber un representante de cada una de estas nacionalidades.»

«Creo que todas las relaciones entre las diferentes nacionalidades tienen que ser planteadas desde el punto de vista del internacionalismo proletario, que no debe ignorar las particularidades de cada nacionalidad y, al mismo tiempo, no debe exagerar, no debe hinchar estas particularidades. En esta política, concretamente los comunistas vascos, catalanes y gallegos debemos defender la unidad de los pueblos de España. En cada una de estas nacionalidades nosotros debemos acentuar mucho en nuestra política el hecho de que España es un cuerpo y que ninguna de las nacionalidades podría tener desarrollo, ni democrático, ni industrial, ni de otra índole, fuera de este cuerpo que compone toda España.

Por lo que se refiere a la cuestión de las regiones, los ayuntamientos, en España se debe ir a una cierta descentralización del poder. Teniendo en sus manos el poder central las cosas más fundamentales de la economía del país, yo creo que hay que dar una autonomía a estos organismos, teniendo en cuenta el arraigo histórico de los municipios y de algunas regiones de España.»

«Yo quiero intervenir de forma muy esquemática sobre este punto de la discusión» –dice el camarada Juan Gómez abordando el problema desde el punto de vista económico.

«La cuestión nacional en España tiene unas características muy especiales. Si tenemos en cuenta que el 83% de la extensión territorial del conjunto del Estado español está subdesarrollado, nos encontramos con que dos de las nacionalidades cubren una buena parte del 17 % que está a nivel más elevado. Además, se da el hecho de que la cabeza y una gran parte de todo el poderío de la oligarquía financiera está en esas nacionalidades. Por ejemplo, las empresas eléctricas de la UNESA, en las que participa directamente el Banco de Vizcaya como creador y como control, cubren con su red el 66 % del territorio nacional, desde Hendaya hasta el Cabo de Tarifa y desde el Grao hasta la frontera con Extremadura. La zona catalana, naturalmente, y Galicia quedan a un lado, aunque esta última tiene ya entronque [25] con Saltos del Sil, absorbido por Iberduero. En Cataluña hay, aparte de la industria textil, otros sectores de la industria española: automóviles, aparatos electrodomésticos, &c. Esto crea ciertos problemas, importantes desde el punto de vista general. Al golpear a la oligarquía tendremos que tener mucho cuidado, por ejemplo, de que ésta no pretenda cubrir sus intereses, con una máscara nacionalista. Para ello es necesaria la comprensión, la ayuda, del movimiento del País Vasco, de los trabajadores vascos y de Cataluña. Deberemos apoyarnos fundamentalmente en los trabajadores.»

«A mí me preocupa el problema regional no tanto desde el punto de vista político –afirma el camarada Enrique López. Teniendo en cuenta estas características que se han dado aquí de Navarra, Valencia y Canarias, con rasgos muy específicos y donde ha habido fuerzas que ya de antiguo se han movido más o menos en esta dirección, podía pensarse en una Constitución que tuviera en cuenta las regiones, una organización más elevada de las diputaciones, pongamos por caso, con el propósito de que todo un conjunto de problemas de determinadas zonas o provincias sean resueltos con cierta autonomía por aquéllas.»

«¿Es que partiendo de los problemas políticos, económicos y sociales, no se podría ir pensando en crear órganos de carácter regional? Por ejemplo, en Andalucía hay dos regiones muy características que se diferencian a la hora de abordar los problemas económicos. Me supongo que Aragón, Castilla la Vieja y Levante, por ejemplo, también tendrán un problema semejante. Por eso, a mi modo de ver, un organismo de carácter regional desempeñaría un papel económico y político extraordinario, al impulsar el fomento de todas las zonas subdesarrolladas. Lo que no quiere decir que yo vea esto desde el punto de vista de que cada organismo regional debe tener una situación de privilegio respecto al poder central. No, no se trata de eso. Se trata de un instrumento que elevando el nivel regional sirva a toda la nación. Tampoco quiero con esto decir que las diputaciones, o sea, el organismo provincial, vaya a perder. Este puede continuar desempeñando su papel como hasta ahora, con un sentido más democrático, más popular.»

El camarada Enrique Lister habla de las nuevas «provincias» de España creadas en los últimos años por el franquismo en el África Occidental, «provincias» que incluso tienen sus procuradores en Cortes.

«Lo de Marruecos está claro. Es un trozo de un Estado soberano, y debe volver a ese Estado. Pero ¿y los otros territorios? Con respecto a ellos nuestra política es también la de devolverles su independencia. Y en este orden de cosas, debemos dar a conocer al máximo cuál es nuestra posición, debemos repetirla todas las veces que haga falta; tenemos que esforzarnos por que la posición del Partido Comunista de España en relación con estas cuestiones sea conocida lo mejor posible por las poblaciones de esos territorios y por otros pueblos africanos y sus dirigentes.»

El camarada M. Azcárate dice:

«A veces, al hablar de este problema, el escalón provincial nos lo comemos. Con frecuencia hablamos de autonomías municipales y regionales. Así está en el Programa del Partido y así está aquí, en el enunciado. A mí me parece que precisamente el eslabón provincial es muy importante en todo el problema de la estructura de un Estado democrático. Por eso, el hacer de la provincia un verdadero centro político y económico, cuya fórmula podrían ser las diputaciones, serviría para poner en movimiento una cantidad enorme de iniciativas, de reservas potenciales. El problema consistiría, puesto que hay [26] la tradición de las diputaciones, en dar a éstas un carácter de elección democrática, con representación proporcional, por supuesto, y un papel político mucho mayor respecto a todos los problemas, incluidos los económicos. Creo que la provincia es un eslabón muy importante porque, efectivamente, una serie de industrias pertenecientes a la pequeña y media burguesía tienen muchas veces un ámbito provincial, lo que, en muchos casos, permitiría que el partido de la clase obrera pueda llegar a ser la fuerza de dirección, de solución de los problemas, de llevar adelante las cosas.»

«En cuanto a la cuestión regional, a mí me parece que un organismo provincial democrático podía ser en determinados casos un instrumento para resolver este tipo de problemas que planteamos como regionales. Las propias diputaciones pueden crear organismos conjuntos para coordinar y solucionar aquellos problemas que afecten a varias provincias, es decir que tengan un carácter regional. Pienso que esto es más aconsejable que crear organismos permanentes de tipo regional. A mi parecer, esto sería mucho menos complicado y, además, respondería mejor a lo que hoy es la estructura del país.»

Puntualizando, que no resumiendo, algunas de las ideas expuestas sobre el problema de las nacionalidades, las regiones y los municipios, el camarada Carrillo opina que la actual organización provincial tiene mucho de una organización puramente burocrática y administrativa, artificial.

«En algunos casos corresponde a la economía natural, al desarrollo de una zona; en otros muchos no corresponde en absoluto, sino que es simplemente una división trazada desde arriba para organizar particularmente el orden público, el funcionamiento de la policía y el cobro de los impuestos. Creo que lo que se plantea es organizar la vida política en estos estadios intermedios entre municipios y el Estado, según una base más real, más natural que la actual provincia, lo que puede suponer mantener una serie de provincias actuales y alterar otras.»

«Así, por ejemplo, se plantea también el problema de los gobernadores. Yo creo que nuestra orientación debe ser claramente la de suprimir los gobernadores. Los gobernadores son, como se ha dicho aquí, reyezuelos que no solamente están ahí para aplicar las directrices del poder central y mantener el orden público, sino que, además, hacen su política, tienen una serie de poderes ilimitados, y no solamente el gobernador, sino toda la burocracia que se mantiene en torno a él. A mí me parece que el cargo de gobernador debe ser suprimido y que las diputaciones –constituidas según una organización administrativa más racional, más coincidente con la realidad del país– deben asumir, si no todas, una gran parte de las funciones de los actuales gobernadores civiles.»

«Creo que habría que pensar en unas diputaciones provinciales elegidas democráticamente, que acumulen en sus manos ciertos poderes económicos. Es decir, que tuviesen como una de sus tareas la defensa y el desarrollo en una serie de lugares de la producción agrícola y que se preocuparan también de ampliar una serie de industrias de transformación de esa producción agrícola. Esas diputaciones deberían tener un gran papel en lo que se refiere a la organización y extensión de la enseñanza, la sanidad, la preparación de cuadros técnicos, &c., aunque sea sobre la base de un plan general del Estado. Una gran parte de los problemas de orden público deberían de estar también en manos de esas diputaciones, que no serían gobiernos regionales, sino órganos de la administración democrática de estas zonas, con iniciativa propia, a la vez que órganos de aplicación de las decisiones del Estado. Claro que la centralización de los instrumentos económicos fundamentales –el crédito, las finanzas, una parte de los impuestos– en manos del Estado es fundamental si queremos llegar a crear una economía armonizada, equilibrada, en nuestro país.» [27]

 
La pluralidad de partidos en el período democrático y en la construcción del socialismo

Sobre esta cuestión, el camarada Manolo considera que nuestra posición respecto a los partidos políticos, a la existencia de partidos políticos en España, es clara.

«Estamos –dice– por el derecho de las fuerzas sociales y económicas del país a crear y a constituir sus propias organizaciones de todo tipo y, naturalmente, en primer lugar sus organizaciones políticas. Esta idea nuestra es, además, una idea que va al encuentro del sentimiento de la inmensa mayoría de los españoles que están agobiados y deseando liberarse de este régimen que impide precisamente la libertad política. Y una de las expresiones fundamentales de esa libertad política es la existencia de partidos políticos.»

«Ahora estamos viendo la salida a la superficie de toda una serie de núcleos que serán sin duda mañana los futuros partidos políticos en una situación democrática. Por eso, nuestra posición en relación con los demás partidos tiene que ser la que es: intentar llegar a establecer acuerdos, compromisos, para, naturalmente, hacerles avanzar por el camino de la revolución democrática en estas condiciones concretas de nuestro país.»

«Unas palabras sobre la cuestión de los partidos políticos en la perspectiva socialista de nuestro país. Hoy proclaman y defienden los objetivos socialistas –además de los comunistas– otras gentes. Ello se debe a factores internos y externos que todos conocéis. A mí me parece que toda nuestra posición unitaria, de comprensión, de esfuerzo por llegar a un acuerdo con todos esos partidos políticos y todas esas personas que quieren de verdad, que se manifiestan a favor del socialismo, es una cuestión esencialísima.»

El camarada Juan Gómez dice:

«Yo creo que no se trata en este momento de hacer más o menos previsiones sobre la distribución del abanico político que va a haber en el futuro, sino que se trata de dar una opinión sobre el problema de los partidos en la organización democrática del Estado español. A mí me parece que la apreciación sobre este punto concreto va ligada a la que hemos hecho en el punto anterior respecto a la confianza en la democracia, si la democracia se mantiene como una cuestión viva, se amplía, se perfecciona, se profundiza.

Y en este sentido, naturalmente, nuestra posición no puede ser otra que pronunciarnos por la existencia, por la libertad, por la defensa de los partidos políticos como expresión de las corrientes políticas y sociales que existen en el país.»

«Ahora, ligado con esto, hay varios problemas de gran importancia. Por ejemplo, en relación con la afirmación que hemos hecho en documentos muy solemnes del Partido sobre nuestra orientación a marchar no solamente durante el período democrático, sino también en la construcción del socialismo y en el socialismo, con otros partidos políticos. Me parece que la confirmación de esta orientación es siempre necesaria, tiene que ser permanente en el Partido. Es más, aclarando que esta voluntad de marchar con otros partidos corresponde no sólo a un pronunciamiento de tolerar otros partidos o de darles una plaza secundaria, un estrapontín al lado nuestro, sino en nuestro pronunciamiento de que en nuestro país no estamos por la política de un partido único y de que con nosotros pueden contribuir a la construcción del socialismo partidos realmente representativos de capas sociales que estén interesadas en la construcción del socialismo.»

«La realidad impone los partidos políticos -dice el camarada [28] S. Álvarez– y yo creo que nuestra posición a la hora de abordar el problema del desarrollo democrático de España es la de tener en cuenta esa realidad y defender la necesidad de que haya partidos políticos, de que haya entera libertad para ellos. En este sentido nosotros hemos hecho declaraciones reiteradas. Pedimos la libertad para nuestro Partido y el respeto a la legalidad de los demás partidos. Creo que ésta es una posición correcta y debemos mantenerla en la etapa democrática y después también, es decir, en la etapa socialista.»

«Nosotros hemos formulado, pienso yo que justamente, este problema de la pluralidad de partidos políticos también en el socialismo. Creo que esta es una cuestión que el Partido debe mantener. Esta pluralidad da la posibilidad de que en la lucha por la transformación democrática hacia la sociedad socialista participen con nosotros otros grupos sociales, otras capas de la población, que no sólo nos acompañen, sino que tengan sus propios elementos de expresión desde el punto de vista político, diríamos, y participen en el desarrollo democrático y en la lucha por la revolución socialista, con todas las consecuencias y con todas las garantías.»

El camarada Jesús Izcaray opina:

«Los comunistas queremos en España, propugnamos, la existencia de partidos que reflejen los diferentes intereses de clase, las diferentes corrientes ideológicas del país. Esto es absolutamente claro. Pero luego, su desmenuzamiento, su reajuste en cada momento de este proceso que vamos a seguir, va a ser trascendental, porque si todavía hay fuerzas en España, como Franco y sus ultras, que se resisten a la existencia de cualquier partido, excepto esa dictadura suya, esas camarillas suyas, hay otras fuerzas que, propiciando cambios como sabemos todos perfectamente, se orientan a la existencia de partidos, pero de algunos partidos, de partidos reaccionarios, de partidos de la burguesía en todo caso, a lo más tal vez de un partido socialdemócrata domesticado, pero de ningún modo a la existencia, a la legalidad, del Partido Comunista. Y para nosotros, en este asunto de los partidos, la cuestión de las cuestiones, el problema de los problemas, es la existencia legal del Partido. El PC se pronuncia por la existencia de todos los partidos que reflejen intereses de las clases y sectores sociales españoles, pero considerará que no hay libertades democráticas verdaderas mientras el Partido Comunista no pueda existir legalmente en España.»

«Creo que hace muy bien nuestro Partido –y en estos momentos habrá que insistir y desarrollarlo con argumentos que ahora a mí no se me alcanzan– en afirmar que cuando se llegue a ese Estado en el cual ocupen el poder las fuerzas antifeudales y antimonopolistas, coalición en la cual la clase obrera tendrá un peso predominante, el Partido Comunista no tiene la menor intención de apartar de la vida política a ningún otro partido representante de los intereses nacionales. Nosotros no eliminamos por la fuerza a ningún partido, salvo que se subleve contra el Estado, conspire contra el Estado. Entonces, sí. Porque ese Estado democrático hay que defenderlo a rajatabla. Pero si se ajustan a la vida democrática y se limitan a un juego político normal, a querer aumentar su influencia por medios legales, por medios democráticos, el Partido Comunista no opondrá nada. Nosotros, eso sí, no tenemos miedo porque sabemos que la historia y la solución de los problemas de España llevará cada vez más a mayor número de masas a nuestro lado. Esto para el Estado democrático y para el paso al socialismo.»

«¿Qué creo yo que va a ocurrir? En esos partidos donde se refleja la clientela y los intereses de esa burguesía no monopolista llegará un momento en que la cúspide de ellos se enfrentará al Estado, y masas muy considerables (pequeña burguesía, empleados, funcionarios, intelectuales, católicos) se orientarán cada vez más a las soluciones socialistas, porque toda una serie de problemas de España no tienen solución definitiva más que en el socialismo.» [29]

«En España hay un fenómeno de una importancia política extraordinaria. Me refiero a todo ese movimiento católico progresivo, aunque balbuciente, muy diverso, que está ahí y que se orienta no sólo a soluciones democráticas, sino que, parte de él, a soluciones socialistas. Nuestra influencia será cada vez mayor entre esa gente. Ello dependerá de nuestra labor, de nuestra política correcta; dependerá y nos ayudarán mucho los éxitos que vaya consiguiendo el movimiento socialista en el mundo y también si logramos recomponer sobre bases marxistas-leninistas, la unidad del movimiento comunista internacional.»

El último en intervenir sobre este punto de la discusión es el camarada Carrillo.

«En las condiciones de nuestro país –dice– no es concebible la democracia sin la existencia de partidos políticos. En ese orden debemos reconocer que la democracia directa tiene sus límites y que la democracia directa no es toda la democracia; que los partidos en ciertas sociedades, por ejemplo, hablamos concretamente de la sociedad española, son una contribución a la movilización y a la politización de los ciudadanos, son una contribución a la educación política del pueblo, al interesamiento del pueblo. En las condiciones presentes de nuestra sociedad la movilización del pueblo no podría concebirse sin la existencia de partidos políticos. Por eso me parece que nosotros debemos tomar de una manera general, hoy, la defensa de la existencia de los partidos políticos, concibiendo esto no solamente como un momento, sino también como toda una perspectiva de desarrollo de España hacia el socialismo.»

«Yo creo que el hecho de que en Rusia, en la Unión Soviética, al final haya quedado un solo partido, el partido de la clase obrera; el hecho de que en algunos países de democracia popular, los otros partidos desempeñan un papel limitado, no es ninguna característica intrínseca de la revolución socialista. Puede haberlo sido de la primera etapa de la revolución socialista mundial, cuando ésta chocaba internacionalmente con resistencias y obstáculos que había que combatir con una concentración muy grande del poder. Pero en otras etapas de la revolución socialista, a medida que la revolución socialista va desarrollándose, fortaleciéndose internacionalmente, que las resistencias a la revolución socialista disminuyen en fuerza, la posibilidad del pluripartidismo no formal, sino efectivo, pleno de vitalidad, es real y necesaria. Incluso desde el punto de vista teórico no se puede excluir la existencia de una oposición política legal. La práctica va a decir cómo esta teoría se realiza o no. Pero no hay ninguna razón para excluir la posibilidad de que en una etapa determinada del desarrollo mundial de la revolución socialista haya partidos de oposición en una serie de países.»

«Es verdad que nuestros clásicos no han hablado de esas cuestiones. Pero nuestros clásicos han hablado de la revolución socialista en un momento en que todavía no era una perspectiva inmediata o en el momento en que la revolución socialista se iniciaba en un solo país, la Unión Soviética.»

«De la misma manera que en el sistema capitalista –cuando el sistema capitalista es fuerte– el capitalismo ha podido gobernar con partidos revolucionarios de oposición, con partidos comunistas legales, y no solamente gobernar, sino mantener su dictadura, en el momento en que la revolución socialista adquiera –ya hoy es muy poderosa, muy fuerte– más fuerza, las posibilidades de que durante un período –un período que no será eterno porque llegará un día en que desaparecerán totalmente la burguesía y los partidos, incluso el partido del proletariado– haya un partido de oposición, yo pienso que, teóricamente, no se puede descartar. La defensa del pluripartidismo me parece que es hoy uno de los elementos fundamentales de la defensa de la democracia.»